Proporciona  un periodo de transición que busca facilitar la implementación del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV). Esta normativa establece un proceso escalonado, dividiendo a los prestadores de servicios en tres grupos según la complejidad de los servicios que ofrecen: el Grupo 1, con servicios de alta complejidad; el Grupo 2, con servicios de mediana complejidad; y el Grupo 3, que incluye prestadores de baja complejidad y entidades con objeto social diferente. Este esquema busca garantizar que cada grupo tenga el tiempo necesario para adaptarse a los nuevos estándares, minimizando riesgos operativos y asegurando la calidad de la información transmitida.

Además, la resolución incorpora mecanismos como el Mecanismo Único de Validación, asegurando que los datos transmitidos por los prestadores sean precisos y confiables. También destaca las actividades de asistencia técnica y capacitación, incluyendo pruebas piloto diseñadas para evaluar y ajustar el sistema antes de su implementación definitiva. Estas medidas promueven la flexibilidad en la transición, mejoran la calidad de los datos y ofrecen soporte técnico a los actores involucrados, asegurando que las disposiciones se cumplan de manera efectiva y sin afectar la prestación de servicios de salud.